El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como contra otros funcionarios y exfuncionarios del estado, por su supuesta relación con el Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, los implicados habrían colaborado con líderes del grupo delictivo en un esquema para introducir drogas a territorio estadounidense, a cambio de beneficios políticos y económicos. La investigación sostiene que se trató de una red que involucró a servidores públicos en funciones y retirados dentro de distintas áreas del gobierno estatal y corporaciones de seguridad.

La acusación también señala que integrantes de “Los Chapitos”, vinculados a Joaquín «El Chapo» Guzmán, habrían intervenido en procesos políticos locales mediante intimidación y presiones contra adversarios, con el objetivo de favorecer determinadas candidaturas. Posteriormente, se asegura que existieron acuerdos para brindar protección a las operaciones del grupo criminal.

El caso fue presentado por la fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York, encabezada por Jay Clayton, en coordinación con la Administración de Control de Drogas. El expediente quedó bajo la supervisión de una jueza federal en esa jurisdicción.

Entre los señalados figuran autoridades municipales, legisladores y mandos de seguridad, a quienes se les atribuyen conductas que van desde filtración de información y protección institucional hasta participación en delitos graves. Uno de los acusados enfrenta cargos adicionales relacionados con el secuestro y homicidio de personas presuntamente vinculadas a investigaciones federales.

Las autoridades estadounidenses indicaron que, en conjunto, los imputados podrían enfrentar penas que van desde varias décadas en prisión hasta cadena perpetua. Se presume que la mayoría permanece en territorio mexicano.

Este proceso judicial se suma a otras investigaciones abiertas en Estados Unidos contra presuntos integrantes y colaboradores del Cártel de Sinaloa, ampliando el alcance de las acciones legales emprendidas en ese país contra redes de narcotráfico.

Un fuerte enfrentamiento político se registró en el Senado luego de que legisladores de Morena señalaran posibles responsabilidades, incluso de carácter penal, por presuntas irregularidades en la actuación del gobierno de Chihuahua, encabezado por María Eugenia Campos.

Desde la tribuna, senadores del bloque oficialista calificaron como grave la conducta atribuida a autoridades estatales, al considerar que podría implicar una vulneración a la Constitución, particularmente en temas relacionados con la soberanía nacional. En ese contexto, advirtieron que los hechos ameritan una investigación a fondo para deslindar responsabilidades.

La polémica se intensificó tras la ausencia de la mandataria estatal a una reunión de trabajo convocada por el Senado, en la que se buscaba esclarecer la participación de agentes extranjeros en un operativo contra el narcotráfico en la entidad. La decisión de no asistir, sumada a la difusión previa de su postura en medios de comunicación, generó inconformidad entre legisladores, quienes acusaron falta de institucionalidad.

Durante la sesión, se vivieron momentos de alta tensión con intercambios de acusaciones entre Morena y el Partido Acción Nacional (PAN). Mientras los morenistas cuestionaron versiones contradictorias sobre los hechos y rechazaron que se intente responsabilizar a funcionarios fallecidos, los panistas defendieron a la gobernadora y argumentaron que su ausencia respondió a la intención de evitar un juicio político anticipado.

En el debate también se puso sobre la mesa la posible violación al artículo 117 constitucional, el cual prohíbe a las entidades federativas establecer acuerdos con gobiernos extranjeros. Asimismo, se plantearon dudas sobre la legalidad de ciertas acciones emprendidas por autoridades estatales en materia de seguridad.

Finalmente, legisladores insistieron en que cualquier actuación que comprometa la soberanía o invada facultades federales debe ser revisada conforme al marco legal vigente, con el objetivo de garantizar el respeto al estado de derecho y la seguridad nacional.