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¿Puente el 5 de mayo? Esto dice la Ley Federal de Trabajo

El próximo 5 de mayo de 2026, fecha en la que se recuerda la Batalla de Puebla, caerá en martes y, pese a su relevancia histórica, no será considerado día de descanso obligatorio en México.

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, las actividades laborales y comerciales se desarrollarán con normalidad, por lo que los trabajadores deberán acudir a sus centros de trabajo sin recibir pago adicional.

En contraste, el calendario de la Secretaría de Educación Pública establece la suspensión de clases en todos los niveles educativos, permitiendo a estudiantes participar en actos cívicos o conmemorativos.

Aunque la fecha suele celebrarse con desfiles y eventos oficiales, al no tratarse de un día festivo obligatorio, no generará puente. Esto la diferencia del Día del Trabajo, que sí implica descanso oficial y en 2026 coincide con viernes.

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México esperará pruebas antes de actuar en caso Rocha Moya, advierte Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum fijó postura tras las acusaciones emitidas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios, al señalar que cualquier acción legal dependerá de la existencia de pruebas sólidas.

Durante su intervención, la mandataria explicó que la solicitud enviada por autoridades estadounidenses fue recibida por la Secretaría de Relaciones Exteriores, instancia que la turnó a la Fiscalía General de la República, encargada de analizar el caso conforme al marco jurídico nacional.

Sheinbaum enfatizó que la FGR solo deberá proceder si cuenta con evidencia “contundente e irrefutable” que sustente los señalamientos. De lo contrario, advirtió que las acusaciones podrían responder a intereses políticos y no a un proceso estrictamente judicial.

Asimismo, la presidenta subrayó que su postura será la misma sin importar el partido político de los implicados, al reiterar que cualquier investigación debe apegarse al estado de derecho y a la soberanía del país.

El caso ha generado tensión luego de que autoridades estadounidenses vincularan a funcionarios de Sinaloa con el crimen organizado, lo que abrió un proceso de revisión en México sobre la validez de las acusaciones y las posibles acciones legales a seguir.

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Nacionales

Detienen en Venezuela a presunta responsable del feminicidio de Carolina Flores; será trasladada a México

Elementos de Interpol México en coordinación con autoridades de la Venezuela lograron la detención en Caracas de Erika María N, señalada como presunta autora del feminicidio de la exreina de belleza de Baja California, Carolina Flores, ocurrido el pasado 15 de abril en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó la captura tras la emisión de una ficha roja de búsqueda internacional, la cual permitió su localización fuera del país. Conforme al protocolo, se prevé que la detenida sea puesta a disposición de la Fiscalía General de la República, instancia que deberá coordinar su traslado a territorio nacional.

Posteriormente, las autoridades capitalinas ejecutarán la orden de aprehensión por el delito de feminicidio. La investigación se inició tras los hechos y, con base en los datos recabados, un juez de control otorgó la orden de captura el 17 de abril, un día después de presentada la denuncia.

De acuerdo con el expediente, el esposo de la víctima identificó a su madre, Erika María N, como la presunta responsable del crimen, derivado de conflictos previos entre ambas. No obstante, el día de los hechos habría permitido su huida y fue hasta el día siguiente cuando acudió a denunciar.

Los peritajes indican que la víctima presentaba 12 lesiones, seis en la cabeza y seis en el tórax, según el resultado de la necropsia. El caso continúa en proceso mientras se concretan los procedimientos legales para que la imputada enfrente la justicia en México.

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Fiscalía de EU acusa a gobernador de Sinaloa y a nueve funcionarios por presuntos vínculos con el narcotráfico

El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como contra otros funcionarios y exfuncionarios del estado, por su supuesta relación con el Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, los implicados habrían colaborado con líderes del grupo delictivo en un esquema para introducir drogas a territorio estadounidense, a cambio de beneficios políticos y económicos. La investigación sostiene que se trató de una red que involucró a servidores públicos en funciones y retirados dentro de distintas áreas del gobierno estatal y corporaciones de seguridad.

La acusación también señala que integrantes de “Los Chapitos”, vinculados a Joaquín «El Chapo» Guzmán, habrían intervenido en procesos políticos locales mediante intimidación y presiones contra adversarios, con el objetivo de favorecer determinadas candidaturas. Posteriormente, se asegura que existieron acuerdos para brindar protección a las operaciones del grupo criminal.

El caso fue presentado por la fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York, encabezada por Jay Clayton, en coordinación con la Administración de Control de Drogas. El expediente quedó bajo la supervisión de una jueza federal en esa jurisdicción.

Entre los señalados figuran autoridades municipales, legisladores y mandos de seguridad, a quienes se les atribuyen conductas que van desde filtración de información y protección institucional hasta participación en delitos graves. Uno de los acusados enfrenta cargos adicionales relacionados con el secuestro y homicidio de personas presuntamente vinculadas a investigaciones federales.

Las autoridades estadounidenses indicaron que, en conjunto, los imputados podrían enfrentar penas que van desde varias décadas en prisión hasta cadena perpetua. Se presume que la mayoría permanece en territorio mexicano.

Este proceso judicial se suma a otras investigaciones abiertas en Estados Unidos contra presuntos integrantes y colaboradores del Cártel de Sinaloa, ampliando el alcance de las acciones legales emprendidas en ese país contra redes de narcotráfico.

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