El derrumbe de un edificio residencial de seis pisos en la ciudad libanesa de Trípoli, ocurrido el domingo por la tarde, dejó al menos 15 muertos, informó el lunes la Agencia Nacional de Noticias del Líbano.

El director general de Defensa Civil, Imad Khreiss, dijo que los equipos de rescate rescataron a ocho personas de los escombros de los edificios derrumbados en el barrio Bab al-Tabbaneh de la ciudad norteña.

Abdel Hamid Karimeh, presidente del consejo municipal de Trípoli, declaró que no podía confirmar cuántas personas seguían desaparecidas. Anteriormente, el jefe del servicio de rescate de la defensa civil libanesa había indicado que los dos edificios albergaban a 22 residentes.

Varios edificios residenciales antiguos se derrumbaron en Trípoli, la segunda ciudad más grande del Líbano, en las últimas semanas, lo que pone de relieve el deterioro de la infraestructura y años de abandono, informaron medios estatales, citando a funcionarios municipales.

Karimeh dijo que el problema de los edificios inseguros en Trípoli era de larga data y estaba impulsado por múltiples factores, incluidas violaciones en la construcción, años de desorden, poca supervisión y falta de mantenimiento regular, en parte vinculados a leyes restrictivas de control de alquileres que desalientan a los propietarios a invertir en reparaciones.

Explicó que muchos edificios de la ciudad tenían entre 60 y 70 años y habían excedido su vida útil estructural sin recibir el mantenimiento esencial, lo que aumentaba el riesgo de colapso. El problema, añadió, excedía la capacidad del municipio y de los residentes, por lo que exigía la intervención directa del estado.

Las autoridades han comenzado a proporcionar refugio temporal a las familias desplazadas, mientras que el Comité Superior de Socorro del Líbano está ofreciendo subsidios de vivienda por hasta tres meses, dijo Karimeh.

Agregó que las organizaciones benéficas, el Ministerio de Asuntos Sociales y las organizaciones internacionales estaban coordinando para brindar asistencia, diciendo que el objetivo era asegurar un nivel mínimo aceptable de apoyo para los hogares afectados.

Un ataque con explosivos registrado en una mezquita chií ubicada en las cercanías de Islamabad dejó al menos 31 personas fallecidas y 169 lesionadas, en medio de un contexto de incremento de violencia extremista en Pakistán.

El atentado ocurrió durante la oración del viernes dentro de la mezquita Khadija Al-Kubra. Autoridades policiales informaron que se analiza la posibilidad de que el ataque haya sido ejecutado por un atacante suicida, aunque las investigaciones continúan en curso.

Equipos de emergencia, policías y habitantes de la zona participaron en el traslado de los heridos hacia hospitales cercanos, mientras que autoridades advirtieron que la cifra de fallecidos podría aumentar debido a que varias víctimas permanecen en estado grave.

Hasta el momento ningún grupo ha asumido la autoría del ataque. Sin embargo, entre los principales sospechosos se encuentran organizaciones armadas como el Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) y células vinculadas al autodenominado Estado Islámico, grupos que anteriormente han realizado atentados contra comunidades chiíes en el país.

En los últimos meses, Pakistán ha enfrentado un repunte de ataques violentos atribuidos a grupos extremistas y separatistas, situación que mantiene en alerta a las autoridades, incluso en zonas como Islamabad, donde este tipo de atentados no son frecuentes pero sí han ocurrido en el pasado.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció que su administración buscará aprobar una ley para impedir el uso de redes sociales a menores de 16 años, una propuesta que se suma a medidas restrictivas ya implementadas en países como Australia, Francia y Reino Unido.

La iniciativa ha generado un amplio debate público al involucrar temas como la salud mental de los adolescentes, la educación digital y el alcance de las libertades individuales en el entorno tecnológico.

Quienes respaldan la propuesta sostienen que el acceso temprano a redes sociales puede estar relacionado con problemas como ansiedad, adicción, acoso escolar y exposición a desinformación, por lo que consideran necesaria una regulación más estricta.

Sin embargo, especialistas advierten que la prohibición podría no ser suficiente. El experto en innovación y tecnología, Enrique Dans, señala que el problema es más profundo y acusa a las plataformas de incumplir de manera constante la normativa europea, especialmente en materia de privacidad de datos.

En tanto, la académica María Paz Prendes Espinosa considera que las restricciones por sí solas no resuelven el problema. Recordó que en España ya existe una limitación para menores de 14 años, pese a lo cual muchos adolescentes continúan utilizando estas plataformas.

Ambos especialistas coinciden en que la solución requiere un enfoque integral que incluya regulación, educación digital, acompañamiento familiar y mayor responsabilidad por parte de las empresas tecnológicas.

Mientras varios países europeos avanzan hacia políticas más restrictivas, el debate sigue abierto sobre si la solución debe centrarse en prohibiciones legales o en estrategias de educación y supervisión digital.