La presidenta Claudia Sheinbaum informó que las recientes reformas legales en materia de desaparición han permitido fortalecer los mecanismos de búsqueda en el país, con resultados que incluyen la localización de miles de personas durante el actual sexenio.

Durante la presentación de un diagnóstico nacional, la mandataria explicó que la creación de un sistema más articulado ha obligado a las fiscalías, tanto la Fiscalía General de la República como las estatales, a iniciar investigaciones de manera inmediata ante cualquier reporte, lo que ha mejorado la integración y seguimiento de los casos.

Uno de los puntos clave ha sido la revisión y cruce de información del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, donde se detectaron inconsistencias en registros históricos. A partir de esta depuración, se identificó que algunas personas reportadas como desaparecidas habían tenido actividad reciente en instituciones públicas o privadas, lo que permitió avanzar en su localización.

Asimismo, Sheinbaum señaló que el fortalecimiento del Protocolo Homologado de Búsqueda ha permitido a las autoridades profundizar en el análisis de cada caso, incorporando herramientas como la revisión de redes sociales, entrevistas con familiares y estudios de contexto para determinar posibles causas de desaparición.

Entre las líneas de investigación se contemplan desde conflictos familiares hasta posibles vínculos con delitos como trata de personas o reclutamiento por parte del crimen organizado, lo que ha permitido clasificar de mejor manera los casos y orientar los esfuerzos de búsqueda.

La presidenta subrayó que, a diferencia de etapas anteriores, ahora el registro exige información completa y verificable, lo que busca evitar errores y garantizar mayor transparencia en el seguimiento de los casos.

Finalmente, reiteró que los datos están disponibles para consulta pública, como parte de una estrategia de rendición de cuentas y de fortalecimiento institucional frente a uno de los problemas más sensibles del país.

La presidenta Claudia Sheinbaum manifestó su inconformidad tras la aprobación del llamado “Plan B” de la reforma electoral, luego de que se eliminaran disposiciones clave relacionadas con la revocación de mandato a petición del Partido del Trabajo (PT).

Durante su posicionamiento, la mandataria sugirió que la decisión de retirar ese apartado respondió a temores políticos de cara a las elecciones de 2027, al considerar que la inclusión de la revocación en la boleta podría influir en el comportamiento electoral.

A pesar de sus críticas, Sheinbaum aclaró que no intervendrá en campañas ni promoverá el voto a favor de alguna fuerza política, insistiendo en que su papel se mantendrá al margen de la contienda.

En ese contexto, hizo un llamado a la ciudadanía para analizar el sentido de los votos emitidos por los partidos durante la discusión legislativa, subrayando la importancia de la participación informada.

Aunque evidenció diferencias con el PT, la presidenta evitó hablar de una ruptura con sus aliados, pero sí dejó ver tensiones dentro del bloque político que impulsó la reforma.

El Gobierno de México manifestó su inconformidad ante el fallecimiento de 13 ciudadanos mexicanos registrados entre 2025 y 2026 mientras se encontraban bajo custodia o en operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

El subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, calificó los hechos como graves y subrayó que se trata de casos que no pueden ser normalizados, al involucrar la muerte de personas en contextos de detención o acciones migratorias.

De acuerdo con la información oficial, los decesos ocurrieron en distintos estados del país vecino, incluyendo California, Georgia, Arizona, Texas, Florida y Missouri, lo que refleja que los casos no se concentran en una sola región.

Las autoridades mexicanas detallaron que las víctimas tenían edades entre los 19 y 69 años. En cuanto a las causas, se reportaron fallecimientos por problemas de salud, suicidios, incidentes durante operativos y un caso relacionado con un tiroteo.

Ante este panorama, el gobierno mexicano ha iniciado gestiones diplomáticas para solicitar claridad en las investigaciones, al tiempo que brinda acompañamiento a los familiares de las víctimas, tanto en procesos legales como en la repatriación de los cuerpos.

El caso ha generado preocupación en torno a las condiciones en las que operan los centros de detención migratoria y los protocolos de actuación durante operativos, abriendo un nuevo frente en la agenda bilateral entre ambos países.