En patrullajes de vigilancia la Policía de Hermosillo detuvo ayer, a cuatro personas por el delito de portación de arma prohibida.

A Ramón «N» de 43 años de edad a las 08:35 horas de ayer en las calles Solidaridad y Tépic de la colonia Álvaro Obregón, le incautaron un cuchillo de 23 centímetros de largo.

Una daga de aproximadamente 20 centímetros de largo le decomisaron a Manuel Alejandro «N» de 41 años de edad, a las 11:20 horas de ayer en las calles 

Nuevo León y 5 de mayo de la colonia  5 de mayo.

A las 11:40 horas de ayer en las calles Los Pinos y Hermenegildo de la colonia Hacienda de la Flor a Alfonso «N»de 29 años de edad, se le sorprendió portando un cuchillo de 15 centímetros de longitud.

Eran las 15:20 horas de ayer cuando en las calles Tres y De las Silvas de la colonia Guayacán, 

Luis Aurelio «N» de 40 años de edad se deshizo de un cuchillo de aproximadamente 45 centímetros de largo.

Después de ser capturado por elementos de Seguridad Pública en posesión de 180 envoltorios con metanfetamina, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso contra Fermín Lorenzo “N” y/o Guadalupe José Miguel “N”, de 53 años, a quien además se impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

El imputado fue detenido el día 24 de octubre de 2025, a las 12:31 horas, en un operativo conjunto en el que participaron la Policía Municipal (SPM), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR); la detención se realizó en la colonia Eusebio Kino en Ciudad Obregón, municipio de Cajeme.

Al momento de su aseguramiento, el imputado se encontraba en posesión de 180 envoltorios conteniendo la droga conocida como metanfetamina, con un peso neto total de 35.827 gramos; la cantidad y la forma en que se encontraba dosificada la droga sustentaron la imputación con fines de venta.

Ahora, se trabaja para la obtención de más indicios en el periodo de investigación complementaria con miras a lograr una sentencia condenatoria en futuras etapas procesales.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) formuló imputación de José Ángel “N”, conocido como “El Piri” y/o “El Górgoro”, por su probable responsabilidad en el delito de desaparición de personas cometida por particulares en número de dos, derivado de hechos ocurridos el pasado 1 de mayo, en el municipio de Magdalena de Kino.

Durante la audiencia de control de detención, el Agente del Ministerio Público presentó datos de prueba que señalan que el imputado habría engañado a las víctimas Santana “N” y Juan Valentín “N”, solicitándoles en Altar transporte hacia Magdalena de Kino, a bordo de un vehículo Dodge Charger color negro, modelo 2013, con placas del estado de Durango, propiedad de una de las víctimas.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, una vez en Magdalena, el señalado presuntamente entregó a las víctimas a otros sujetos, quienes desde entonces las mantienen privadas de la libertad y ocultas.

Las últimas comunicaciones conocidas de Santana “N” ocurrieron entre las 16:00 y 20:00 horas del mismo día, cuando envió mensajes y videos a su familia desde su teléfono celular, cuyo registro de ubicación fue detectado en Magdalena de Kino y Santa Ana, Sonora.

La FGJES estableció además que José Ángel “N” mantenía un vínculo familiar con una de las víctimas, ya que fue esposo de una sobrina de Santana “N” durante aproximadamente ocho años, lo que refuerza las líneas de investigación en curso sobre la relación de confianza que facilitó los hechos.

En la audiencia, el Juez determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada y concedió la ampliación del término constitucional a 144 horas para resolver la vinculación a proceso del imputado, con el objetivo de permitir la integración de mayores elementos de prueba.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) mantiene abiertas las investigaciones para establecer el paradero de las víctimas y detener a los posibles coautores, reiterando su compromiso institucional de aplicar la ley con rigor técnico y garantizar el derecho de las familias a conocer la verdad sobre sus seres queridos.