La reciente jornada electoral estatal y local en Estados Unidos no solo operó como un referéndum sobre la era de Donald Trump, sino que también marcó la irrupción de una nueva generación política progresista, cuyo mayor hito fue el triunfo de un socialista democrático como el próximo alcalde de Nueva York.

Zohran Mamdani, el joven inmigrante, musulmán y socialista, logró una victoria con claras implicaciones nacionales al ganar la alcaldía de la ciudad más grande y rica del país. Mamdani se impuso a una poderosa cúpula política y económica bipartidista que incluyó el respaldo de multimillonarios como Elon Musk y Michael Bloomberg, así como el apoyo de líderes del Partido Demócrata, incluso del propio presidente estadounidense, quien respaldó al candidato Andrew Cuomo. El jefe de la Casa Blanca incluso llegó a amenazar con reducir el apoyo federal a Nueva York si Mamdani, a quien tildó de «comunista», resultaba vencedor.

El triunfo de Mamdani fue rápidamente celebrado por su mentor, el senador socialista democrático Bernie Sanders, quien insistió en que esta victoria responde a una pregunta fundamental de la coyuntura política actual: un político progresista con una propuesta de mayor igualdad económica y un movimiento popular sí puede ganar a la oligarquía y sus millones de dólares invertidos en el sistema electoral. Sanders subrayó que esta respuesta es un mensaje que retumba a nivel nacional.

La tendencia socialista democrática también se manifestó en otras contiendas, con candidatos de la misma línea política oponiéndose a líderes de la cúpula demócrata en las carreras para alcalde de Seattle y Minneapolis, aunque sus resultados aún estaban pendientes al cierre de la edición.

En contraste, la candidata demócrata centrista y ex oficial de la CIA, Abigail Spanberger, ganó fácilmente la contienda para gobernadora en Virginia, y Mikie Sherrill, otra demócrata centrista, se alzó con el triunfo en Nueva Jersey, donde la jornada electoral fue interrumpida brevemente por amenazas de bomba. A pesar de estos triunfos centristas, la victoria de Mamdani cimentó la narrativa de que el ala progresista está lista para desafiar a los poderes establecidos.

El canciller peruano Hugo de Zela anunció el lunes que el Gobierno de Perú había decidido romper relaciones diplomáticas con México, que inició un proceso para otorgar asilo a la exprimera ministra Betssy Chávez Chino, que fue la última jefa del gabinete del expresidente Pedro Castillo.

«Frente a este acto anamistoso y teniendo en cuenta las reiteradas ocasiones en que la actual y el anterior Presidente de ese país han interferido en los asuntos internos de Perú el gobierno peruano ha decidido en la fecha romper relaciones diplomáticas con México», afirmó De Zela en una conferencia de prensa.

Chávez estaba siendo procesada por el presunto delito de conspiración contra el Estado y participación en el intento de cerrar el Congreso por parte del expresidente en 2022.

El presidente José Jeri anunció, a través de una publicación en su cuenta de X, que se le informó a Karla Ornela, encargada de la embajada de México en Perú, que debía abandonar el país en un “plazo perentorio” tras la ruptura diplomática entre ambos gobiernos.

En respuesta, la Secretaría de Relaciones Exteriores lanzó un comunicado en el que se declara que “México lamenta y rechaza la decisión unilateral del Perú de romper relaciones diplomáticas como respuesta a un acto legítimo y apegado al derecho internacional de nuestro país”.

El Gobierno mexicano sostuvo que el asilo diplomático se otorgó en pleno apego a la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, o Convención de Caracas, de la que ambos países forman parte.

“La Sra. Chávez Chino ha mencionado que ha sido objeto de reiteradas violaciones a sus derechos humanos como parte de una persecución política del Estado peruano desde el momento de su captura en 2023”, declaró. “México reafirma, como ha sido reconocido por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, que el otorgamiento de asilo no puede ser considerado un acto inamistoso por ningún otro Estado”.

“México seguirá fiel a su tradición humanista de defender los derechos humanos y de brindar protección a personas perseguidas por razones políticas. Asimismo, siempre privilegiará el diálogo y la solución amistosa de controversias”, concluye.

El gobierno español realizó un gesto diplomático sin precedentes al reconocer públicamente el «dolor» y las «injusticias» sufridas por los pueblos originarios de México durante la Conquista y el periodo colonial. El reconocimiento fue expresado por el ministro de Asuntos Exteriores, el socialista José Manuel Albares, en un discurso oficial.

Aunque el gesto no fue un «perdón» formal, como el solicitado en 2019 por el entonces presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, representa la primera señal de contrición del gobierno español sobre los abusos históricos.

“La historia compartida entre México y España, como toda historia humana, tiene claroscuros. Ha habido dolor e injusticia hacia los pueblos originarios. Hubo injusticia, justo es reconocerlo y lamentarlo. Esa es parte de nuestra historia compartida, no podemos negarla ni olvidarla”, aseguró Albares durante la inauguración de exposiciones de arte precolombino.

Este reconocimiento marca un hito en las tensas relaciones diplomáticas que se remontan a la carta enviada por AMLO al rey Felipe VI pidiendo una disculpa pública por los excesos cometidos «con la espada y con la cruz». En aquel momento, la Casa Real y el Ejecutivo español guardaron silencio y, posteriormente, emitieron un comunicado lamentando la publicación de la carta y defendiendo que la Conquista no podía juzgarse con «consideraciones contemporáneas».

El gesto de Albares llega en un contexto en que el gobierno español no había ofrecido el más mínimo acto de contrición, incluso después de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, decidiera no invitar al rey de España a su toma de posesión.