El Congreso del Estado de Sonora aprobó por unanimidad reformas y adiciones a la Ley de Seguridad Escolar y al Código Penal del Estado, con el objetivo de fortalecer la seguridad en los planteles educativos y castigar el encubrimiento de feminicidios.

Las reformas a la Ley de Seguridad Escolar establecen que la Secretaría de Educación y Cultura deberá coordinarse con autoridades en materia de seguridad escolar para emitir lineamientos y/o protocolos de actuación para la práctica de las revisiones a las pertenencias de los estudiantes.

Estas revisiones que actualmente ordena la ley, se realizan para detectar la posesión de estupefacientes, armas o demás sustancias u objetos prohibidos en el interior de los centros escolares.

La diputada Ernestina Castro Valenzuela, impulsora de la iniciativa, explicó que los lineamientos y protocolos deberán garantizar que las revisiones se realicen de manera respetuosa de los derechos humanos de los alumnos y de los demás miembros de la comunidad escolar.

Además las reformas incorporan como autoridades en materia de seguridad escolar al procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del estado y a la secretaria ejecutiva de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Estas autoridades sustituirán a la Fiscalía General de Justicia del Estado y a la Secretaría de Seguridad Pública, respectivamente.

Fiscalización de feminicidios

En paralelo a estas reformas el Congreso de Sonora también aprobó una adición al Código Penal del Estado para castigar el encubrimiento de feminicidios.

La nueva disposición establece que en los casos de feminicidio no se aplicarán las causales de excepción del delito de encubrimiento a los familiares de los victimarios de mujeres que les ayuden a evadirse para enfrentar el proceso penal correspondiente.

Esta reforma se deriva del caso del feminicidio de Monserrat Bendimes Roldán, joven veracruzana que fue presuntamente atacada por su pareja en 2021 y falleció a causa de traumatismo craneoencefálico. Su victimario evadió la justicia auxiliado por sus padres.

or otra parte, la Comisión de Desarrollo Urbano, a través de la diputada Elia Sahara Sallard Hernández (Morena), presentó el dictamen con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Sonora y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora.

El proyecto propone que para evitar afectaciones presupuestales en los casos de incumplimiento por parte de alguna dependencia o entidad pública, ya sea por falta de pagos respecto de algún servicio contratado, o por la ejecución de trabajos de obras públicas o servicios, los entes públicos morosos paguen gastos financieros conforme a una tasa igual al seis por ciento anual, para sustituir las disposiciones actuales en las que se determina que a dichos pagos les aplicará una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado.

La asamblea también aprobó la solicitud de renuncia al cargo de regidor propietario del Ayuntamiento de Rosario, Sonora, al ciudadano Joel Iván Arenas Valenzuela, con efectos a partir de esta aprobación, por lo que el resolutivo se hará del conocimiento del ciudadano Juan Carlos Habas González, regidor suplente, para que acuda a rendir la protesta de ley.

Enseguida se aprobó el decreto que clausura el primer periodo de sesiones ordinarias y se entonó el Himno Nacional.