La presidenta del Colegio de Contadores Públicos de Sonora (CCPSON), María Guadalupe Ruiz Durazo, comentó que la reducción de la jornada laboral y la mejora en los ingresos de los trabajadores son intereses legítimos y ampliamente compartidos.

Sin embargo, su implementación en el entorno económico actual sin medidas que mitiguen el aumento en los costos laborales podría acentuar la informalidad del empleo, una situación que no conviene a nadie: afecta la recaudación del país, limita el acceso de los trabajadores a la seguridad social y pone en riesgo la viabilidad de las empresas, especialmente las más pequeñas. Por ello, estos cambios deben acompañarse de políticas que fomenten la formalidad y protejan el empleo.

Indicó que la reforma constitucional aprobada reduce la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, se implementará de manera gradual, disminuyendo en 2 horas por año a partir de 2027, concluyendo en 2030 de la siguiente manera:

Año Jornada Laboral
2026 48
2027 46
2028 44
2029 42
2030 40

Adicionalmente comentó que se mantiene sin cambios la jornada laboral de 6 días a la semana, con al menos un día de descanso. Por lo que se refiere al tiempo extra, se incrementó el límite de al trabajo extraordinario, de nueve a doce horas semanales, permitiendo hasta cuatro horas extras diarias diarias, en un máximo de cuatro días en la semana.

María Guadalupe Ruiz Durazo explicó que una reforma constitucional en México requiere la aprobación de dos terceras partes del Congreso de la Unión y de la mayoría de las legislaturas de los Estados, esto es, de al menos 17 entidades federativas.

La reforma al artículo 123 se aprobó la noche del 24 de febrero en la Cámara de Diputados, por votación unánime. En menos de 48 horas, 24 Congresos locales la aprobaron y la reforma Constitucional se publicó en el Diario Oficial de la Federación este 3 de marzo.

Adicionalmente comentó que es importante analizar el contexto nacional que acompaña esta reducción de la jornada laboral. De acuerdo con datos del INEGI, la informalidad laboral en enero de 2026 se ubicó en el 55%, reflejando un aumento respecto de mismo mes de 2025, que fue del 54%, es decir, existen presiones hacia la informalidad del empleo.

De acuerdo con datos del INEGI, del total de la población ocupada en México, estimada en 59.7 millones de personas, 41.4 millones son trabajadores subordinados y remunerados. Por su parte, el IMSS, reportó en enero de 2026 un total de 22.5 millones de asegurados, cifra que incluye 1.3 millones de personas vinculadas a plataformas digitales.

En comparación, en enero 2025 el número de asegurados era de 22.3 millones, por lo que el crecimiento observado se explica principalmente por la incorporación derivada de la reforma del IMSS aplicable a plataformas digitales. Estas cifras evidencian la persistencia de presiones estructurales que incentivan la informalidad laboral en el país, tendencia sobre la cual la reducción de la jornada laboral podría incidir en el mismo sentido.

Además, con cifras del INEGI, el Censo Económico de 2019 indica que el 99.8% de los establecimientos eran micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), las cuales generan alrededor del 70% del empleo nacional. Este sector ha registrado incrementos significativos en sus costos laborales, incluidos salarios, prestaciones y cuotas al IMSS, lo que acentúa las presiones sobre su viabilidad y refuerza los incentivos hacia la informalidad.

María Guadalupe Ruiz Durazo considera que es el momento de hacer cambios que incentiven la formalidad del empleo, apoyando tanto a los trabajadores como a los empleadores, por ejemplo:

• Ajustar la tarifa del ISR para los trabajadores de modo que el impuesto se cobre únicamente sobre el excedente del salario mínimo. Esto ayudaría a mejorar el ingreso disponible de las familias y evitaría que el aumento en el límite de las horas extras se traduzca en un mayor impuesto para los trabajadores.
• Permitir que los empleadores deduzcan el total de la nómina para efectos de ISR, reconociendo de manera más justa su capacidad contributiva. De lo contario, el incremento a las horas extras podría aumentar los no deducibles y, con ello, elevar la carga fiscal para las empresas.
• Otorgar incentivos en las cuotas al Seguro Social para las microempresas, que generan más del 40% del empleo en país, con el fin de promover la formalidad laboral y reducir las presiones que enfrentan por el aumento en los costos laborales.
• Evitar continuar con la tendencia de incrementar el impuesto estatal sobre nómina, ya que puede desincentivar la generación y formalización del empleo.

En conclusión, la reducción de la jornada laboral es un avance importante a favor del bienestar de los trabajadores, sin embargo, su implementación requiere medidas complementarias. Avanzar en mejores condiciones laborales debe ir de la mano de políticas que protejan el empleo formal y fortalezcan la sostenibilidad económica.