La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como “injustificada” la decisión del Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) de cancelar 13 rutas aéreas desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), argumentando que podría tratarse de una acción con tintes políticos.

Durante su conferencia de prensa de este miércoles 29 de octubre, Sheinbaum informó que instruyó al canciller Juan Ramón de la Fuente a solicitar una reunión con el senador estadounidense Marco Rubio y con el titular del Departamento de Transporte para aclarar los motivos detrás de la medida.

“Queremos saber si hay fundamentos técnicos o si hay intereses políticos detrás. México no es piñata de nadie”, afirmó la mandataria, al reiterar que su gobierno exigirá respeto y trato equitativo en las relaciones bilaterales.

El Departamento de Transporte estadounidense anunció la suspensión de los vuelos argumentando que México “no ha cumplido con sus compromisos regulatorios” y advirtió que no se reactivarán las nuevas rutas “hasta que cumpla con sus obligaciones”.

Las rutas afectadas estaban programadas para iniciar operaciones entre noviembre y diciembre, afectando principalmente la expansión de aerolíneas mexicanas hacia ciudades como Houston, Miami y Los Ángeles.

Hasta el momento, la Secretaría de Relaciones Exteriores analiza los posibles pasos diplomáticos a seguir para buscar la reversión de la medida, mientras el gobierno mexicano sostiene que la decisión carece de justificación técnica y vulnera acuerdos de cooperación aérea entre ambos países.

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, en un operativo conjunto con la Guardia Nacional (GN), rescató a 14 mujeres de nacionalidad colombiana, víctimas de trata de personas y prostitución, en un inmueble ubicado en la Supermanzana 44 de Cancún y otro en Playa del Carmen.

El primer mandato judicial deriva de labores de investigación por parte de personal de esta Representación Social, ante la sospecha de que el inmueble funcionaba como casa de citas, ya que constantemente se observaba que hombres a bordo de automóviles llegaban al lugar, de donde salían las mujeres, para regresarlas horas después.

Durante la diligencia, los agentes localizaron a seis mujeres de origen colombiano, quienes arribaron a Cancún, bajo la promesa de empleo bien remunerado, pero lo que encontraron a su llegada, fue totalmente distinto a lo que les ofrecieron.

Según las primeras indagatorias, las mujeres fueron enganchadas por una amiga, también de Colombia, quien les dijo que en Cancún había una agencia donde reclutaban a chicas guapas, a quienes pagaban buenos sueldos; debido a la falta de oportunidades y recursos económicos en su país, ellas aceptaron la oferta, por lo que se comunicaron con una mujer, encargada del negocio.

Esta persona les pidió fotografías en ropa interior y/o lencería; una vez “contratadas”, las mujeres viajaron a Cancún, con boletos de avión comprados por la encargada de la agencia. A su llegada pasaron por ellas en un vehículo, que las trasladó a un departamento ubicado en Playa del Carmen, donde las despojaron de sus pasaportes, y les informan que tenían una deuda de 120 mil pesos, por lo que deberían prestar servicios sexuales, con un costo de 2 mil 200 pesos, cuota que dividían en mil pesos para abono de la deuda, 700 de comisión y 400 por concepto de transporte.

Del dinero que ganaban por cada servicio sexual, únicamente se quedaban con 100 pesos, por lo que sobrevivían con las propinas que les daban los clientes, pero con las que además debían juntar para pagar semanalmente la cantidad de mil 500 pesos por el arrendamiento del departamento en el que vivían, además de 3 mil pesos de piso y cuidado de ellas.

Cabe destacar que, si por alguna razón no pagaban a tiempo los días lunes, les aplicaban una multa de 400 pesos, además de que, si se enfermaban o requerían ropa y artículos de uso personal, los costos de estos incrementaban su deuda, misma que prácticamente se volvía imposible de pagar.

Cada vez que eran solicitadas para un servicio, les mandaban un mensaje con la ubicación y un chofer acudía para trasladarlas al lugar al que eran requeridas, del cual debían enviar ubicación en tiempo real, en caso contrario eran multadas. A las mujeres no les permitían salir, si no era para atender a clientes o comprar lo que necesitaran en una tienda cercana, donde también hacían los depósitos correspondientes a los servicios del día.

Las colombianas eran vigiladas día y noche, a través de cámaras instaladas en el departamento en el que vivían. La encargada de la agencia tiene varios domicilios en Playa del Carmen, donde localizaron a ocho femeninas más.

Luego de ser rescatadas, las 14 mujeres fueron trasladadas a la Fiscalía General del Estado, para rendir su declaración, misma que integraron a la carpeta de investigación abierta por este caso, así como para dar parte al Consulado de Colombia y al Instituto Nacional de Migración.

La Jueza Decimotercera de Distrito en Materia Administrativa otorgó a Uber una suspensión definitiva que prohíbe a la Guardia Nacional detener a los conductores que realicen viajes a través de la plataforma en los más de 70 aeropuertos de México.

Esta medida permite a los socios conductores recoger y dejar pasajeros en las zonas federales de los aeropuertos sin riesgo de ser aprehendidos, mientras se resuelve el juicio de amparo correspondiente.

A través de un comunicado, la empresa celebró la medida, diciendo que por más de una década han sostenido que “es ilegal detener a los conductores que realizan viajes a través de la plataforma de Uber cuando se encuentran dejando o recogiendo usuarios en los aeropuertos de México”.

Uber destacó que la suspensión toma importancia en el contexto del próximo Mundial de Fútbol 2026, del que México es coanfitrión junto a Estados Unidos y Canadá. “Es de suma importancia que mostremos nuestra mejor cara a los millones de turistas que recibiremos durante la justa deportiva más importante del planeta”, afirma.

También instó a las autoridades a cumplir con la suspensión definitiva, pidiendo al Congreso de la Unión que legisle sobre el tema para “mejorar el ecosistema turístico nacional e internacional”.