Numerosas carreteras permanecían el miércoles bloqueadas en 14 de las 24 regiones del país, según la policía.

En Cusco, la policía dispersó el miércoles con gases lacrimógenos a cientos de manifestantes cerca de la terminal aérea, que sigue cerrada. Centenares de pasajeros quedaron varados.

En el pueblo de Machu Picchu, vecino a la famosa ciudadela inca, unos 780 turistas de diferentes nacionalidades se encuentran también varados por la suspensión del servicio de trenes desde hace dos días, constató un fotógrafo de la AFP.

En Arequipa, segunda ciudad del país, los militares custodiaban locales públicos y el aeropuerto internacional -que los manifestantes intentaron tomar el lunes- para evitar actos de vandalismo.

En Puno, en la región aymara fronteriza con Bolivia, las autoridades cerraron el aeropuerto y el gremio de transporte se sumó a las protestas y paralizó sus actividades.

«Pareciera que Lima es todo el Perú. Nuestro pedido es el cierre del Congreso y la renuncia inmediata de la señora Dina Boluarte», dijo a la AFP Hugo Maquera, uno de los manifestantes que bloqueó el puente internacional de Ilave, en Puno, en la frontera con Bolivia.

En Apurímac, cuna de Boluarte, hubo marchas en rechazo de la violencia tanto de policías como de manifestantes.

«Es una situación de una convulsión social muy seria, nosotros tememos que esto vaya a desembocar en una asonada porque incluso hay personas que están llamando a la insurgencia, que están pidiendo levantarse en armas», dijo a la AFP la Defensora del Pueblo, Eliana Revollar.

Varios gremios agrarios e indígenas iniciaron el martes un «paro indefinido» para exigir elecciones generales.

La fiscalía de Perú también investiga desde hace meses a Castillo por liderar una «organización criminal» que beneficiaba a allegados y familiares.

Cinco exmandatarios peruanos han sido procesados por corrupción desde el año 2001.

Ante esta crisis, Dina Boluarte declaró el el estado de emergencia nacional en Perú y propuso adelantar las elecciones a 2023 para aplacar las violentas protestas que sacuden el país tras el autogolpe fallido de Pedro Castillo.

«Se ha acordado declarar en estado de emergencia a todo el país debido a los hechos vandálicos y violentos, a la toma de carreteras y caminos», anunció el ministro de Defensa, Alberto Otárola, aunque aseguró que la policía y las fuerzas armadas controlan la situación.

Las protestas y tomas de aeropuertos y carreteras han dejado un saldo de al menos siete muertos y unos 200 heridos en una semana, según la Defensoría del Pueblo.

AFP/