nstituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEE Sonora) aprobó los topes de gastos personales de campaña para las personas candidatas a los diversos cargos del Poder Judicial del Estado, en el marco del Proceso Electoral Extraordinario Local 2025 .

En sesión extraordinaria, las consejeras  y consejeros electorales validaron los topes de gastos personales de campaña, mismos que quedaron definidos de forma diferenciada, en atención al tipo de cargo, el ámbito territorial de la elección y el número de distritos judiciales electorales locales involucrados. Estos montos serán los únicos recursos que podrán utilizar las personas candidatas, ya que por disposición constitucional, no se permite el uso de financiamiento público ni privado.

El cálculo parte de una base técnica: el límite individual de aportación permitido para candidaturas independientes a diputaciones locales en un Proceso Electoral Ordinario Local, que equivale al 10% del tope de campaña del Distrito electoral local más alto, el cual corresponde al Distrito 6 con cabecera en Hermosillo, con un tope de 2 millones 575 mil 501 pesos. Por lo tanto, el 10% de ese monto —257 mil 550 pesos con 20 centavos— se utilizó como base unitaria.

Dado que este modelo electoral prohíbe expresamente el financiamiento público o privado, los recursos autorizados únicamente podrán provenir de los propios ingresos de las personas candidatas, dentro de los límites aprobados por el Consejo General.

Montos oficiales por tipo de cargo y ámbito territorial

Los topes de gastos personales de campaña aprobados por el Consejo General del IEE Sonora fueron determinados con base en el ámbito territorial en el que las personas candidatas deben realizar su campaña, así como en la naturaleza del cargo al que aspiran. De esta manera, se establecieron tres niveles de topes, aplicables según si la competencia de la candidatura abarca uno, dos o los tres distritos judiciales electorales, según el Marco Geográfico Electoral aprobado por el Instituto Nacional Electoral mediante el Acuerdo INE CG207/2025, es decir;

• $257 mil 550 pesos para candidaturas cuya campaña se limita a un solo distrito judicial electoral local.
  
• $515 mil 100 pesos para candidaturas con competencia en dos distritos judiciales.
  
• $772 mil 650 pesos para candidaturas con competencia estatal, es decir, que abarcan los tres distritos judiciales del estado.

Estos montos se aplican de forma diferenciada, atendiendo al tipo de cargo judicial y el área de cobertura que implica su elección:

• Magistraturas del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora: este es un cargo de elección estatal, ya que quienes integran el Pleno deben ser electas por la ciudadanía de todo el estado. Tope aprobado:$772,650.60
  
• Magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial: al tratarse de un órgano que también tiene competencia sobre todo el estado, las campañas de estas candidaturas deben realizarse en los tres distritos judiciales electorales locales. Tope aprobado: $772,650.60
  
• Magistraturas de los Tribunales Colegiados Regionales de Circuito: en este caso, las magistraturas se eligen por distrito judicial electorales locales, es decir, cada candidatura sólo realiza campaña en un distrito. Tope aprobado: $257,550.20
  
• Juezas y Jueces del Poder Judicial del Estado de Sonora: las candidaturas a estos cargos pueden tener diferentes ámbitos de competencia, según la jurisdicción del cargo a elegir:
  
  • Cuando una candidatura tiene competencia en un solo distrito judicial electoral local, se aplica el tope base. Tope aprobado: $257,550.20
    
  • Si la candidatura abarca dos distritos judiciales electorales locales, el tope se duplica en razón de la cobertura adicional. Tope aprobado: $515,100.40
    
  • En el caso de candidaturas con competencia estatal, es decir, cuando las funciones del cargo a ocupar se desarrollarán en los tres distritos judiciales electorales locales, el tope se triplica respecto de la base. Tope aprobado: $772,650.60

Esta distribución responde a criterios de proporcionalidad y equidad, pues el costo operativo de una campaña aumenta en función del territorio a cubrir, el número de electores a los que debe llegar la persona candidata, y la necesidad de realizar actividades presenciales o de difusión en varias regiones del estado. Así, se garantiza que cada candidatura cuente con recursos razonables y justos para promover su perfil, sin rebasar los límites que establece la ley para preservar la equidad en la contienda.

Conforme a la normatividad vigente, las personas candidatas solo podrán realizar gastos personales en los siguientes rubros: traslados dentro del ámbito territorial de su candidatura; viáticos, hospedaje y alimentación; producción de propaganda impresa en papel reciclable; edición de materiales para redes sociales; media training o capacitación para exposición pública; materiales informativos sobre su trayectoria, méritos y visión jurisdiccional.

Queda estrictamente prohibido recibir financiamiento de terceros; contratar espacios en medios de comunicación tradicionales; entregar dádivas o beneficios económicos o realizar campañas que excedan los topes aprobados.