En relación con la investigación que realiza la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) por la aplicación de soluciones parenterales asociadas a afectaciones a la salud y fallecimientos, esta institución informa avances relevantes y reconoce el respaldo del Gobierno Federal.

Las muestras de medicamentos, soluciones intravenosas e insumos médicos asegurados fueron remitidas a la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAYAC), laboratorio nacional de referencia de la COFEPRIS, así como al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, donde se realizan análisis especializados de carácter químico, toxicológico e histopatológico y se está a la espera de que los resultados se remitan a la brevedad.

En el ámbito procesal el probable responsable pidió un amparo y le fue otorgado por el Lic. Ramón Sotelo Rincón, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Sonora, por lo que esta Fiscalía fue notificada el 9 de abril y está a la espera de la audiencia incidental que se llevará a cabo el 24 de abril en donde el Juez Federal resolverá lo procedente para que pueda ser llevado ante el juzgado del fuero común que lo requiere por homicidio cometido por mala praxis médica.

Paralelamente, la Fiscalía continúa con la integración de las carpetas de investigación y obtuvo autorización judicial para el embargo precautorio de bienes del probable responsable: 16 vehículos y 7 propiedades.

Así mismo, se realizaron las diligencias ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para el levantamiento del secreto bancario y la inmovilización de cuentas para garantizar la reparación integral del daño causado. Como ya se informó, en coordinación con autoridades sanitarias, la COFEPRIS y la Secretaría de Salud en Sonora realizaron la verificación de 24 establecimientos con características similares, sin que guarden relación con los hechos investigados; pero como medida preventiva, se determinaron seis suspensiones de dichos establecimientos.

Antes del inicio de la audiencia inicial, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) logró que Héctor Armando “N”, de 34 años, aceptara su responsabilidad penal mediante procedimiento abreviado por el delito de violación agravada en perjuicio de una menor de identidad reservada y recibiera una pena condenatoria de 24 años en prisión en Cananea, Sonora.

Como resultado, la autoridad judicial impuso una pena de 24 años de prisión, el pago de 50 mil pesos por concepto de reparación del daño y una multa equivalente a 100 Unidades de Medida y Actualización (UMA), que al valor vigente diario representan aproximadamente 10 mil 857 pesos.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron en distintos momentos entre los años 2019 y 2021, en un domicilio ubicado en la ciudad de Cananea, donde el imputado, aprovechándose de la relación de confianza, cometió actos de violencia sexual en contra de la menor cuando tenía entre 8 y 9 años de edad. Las indagatorias establecen que el ahora sentenciado ejerció violencia moral para someter a la víctima, mediante amenazas orientadas a inhibir cualquier denuncia, lo que permitió la reiteración de las conductas delictivas en diferentes fechas.

La resolución judicial se obtuvo a partir de la solidez de los datos de prueba integrados por el Ministerio Público, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y de Servicios Periciales, así como del reconocimiento de responsabilidad por parte del imputado, lo que permitió una salida anticipada del proceso penal conforme a lo establecido en la ley.

Con los protocolos de seguridad y el seguimiento a los reportes ciudadanos en municipios de Sonora, la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) logró detener a 21 personas; además, con la colaboración de los tres niveles de gobierno, incautaron alrededor de mil 564 dosis de narcótico en Hermosillo, Cajeme, San Luis Río Colorado y Nogales.

Entre las personas detenidas en la ciudad de Hermosillo, se encuentra Rigoberto “N”, de 38 años de edad, en las inmediaciones de la colonia Piedra Bola, a quien le aseguraron 20 envoltorios con sustancia prohibida. En coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), localizaron 60 envoltorios en aparente estado de abandono en la colonia Villas del Real y, en López Portillo, arrestaron a Evangelina “N” con dos bolsas con sustancia granulada, las cuales equivaldrían a alrededor de 114 dosis de narcótico.

Por otra parte, al patrullar por colonias de Cajeme, lograron la detención de siete personas; entre estas, Liliana “N”, en la colonia Villas del Palmar, en posesión de 32 envoltorios con sustancia ilícita y, en Providencia, David “N” fue detenido al incautarle 14 bolsas con narcótico granulado, así como otras 17 dosis a Pánfilo “N” en Real del Norte.

Con la intervención en la colonia Comercial de San Luis Río Colorado, aseguraron 10 envoltorios con narcótico y, en la zona Del Bosque, fueron detenidos Ángel “N” y Miriam “N” con cargador y cartuchos, cuando fueron sorprendidos en un vehículo Nissan Altima.

En el municipio fronterizo de Nogales, en operativo de la PESP en coordinación con Defensa, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal, Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y Guardia Nacional, localizaron en la colonia Luis Donaldo Colosio alrededor de 760 envoltorios con narcótico, radio y teléfonos de comunicación. Posteriormente, en la colonia Héroes, aseguraron con la SSPC lo equivalente a 321 dosis y un radio.

Cada una de las personas fue informada sobre los derechos de los detenidos, quedando a disposición del Ministerio Público correspondiente. Asimismo, además de los aseguramientos contra el narcomenudeo, la Policía Estatal logró recuperar un vehículo Chevrolet, línea Silverado, reportado como robado en Hermosillo; y en Guaymas encontraron una motocicleta Vento con reporte de robo desde el 16 de febrero de este mismo año.

Nota: Se informa que las personas detenidas se presumen inocentes y serán tratadas como tales en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional correspondiente, conforme al artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales.