El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, manifestó su preocupación por la determinación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de retirar a su país de diversas agencias del sistema de la ONU, una medida que impacta a decenas de organismos internacionales.

Durante una conferencia de prensa, el portavoz del secretario general, Stéphane Dujarric, recordó que las aportaciones al presupuesto ordinario de la ONU y a las operaciones de mantenimiento de la paz representan una obligación jurídica para todos los Estados miembros, conforme a lo establecido en la Carta de las Naciones Unidas, incluida la Unión Americana.

Dujarric subrayó que, pese a la decisión anunciada por Washington, las agencias de la ONU continuarán desempeñando las funciones que les fueron asignadas por los Estados miembros. Afirmó que el organismo mantendrá la ejecución de sus mandatos con firmeza, al señalar que millones de personas dependen de los programas humanitarios y de desarrollo impulsados por Naciones Unidas.

La postura de la ONU se produce luego de que el miércoles el presidente Trump firmara un memorando mediante el cual instruyó a todas las dependencias y agencias de su gobierno a suspender la participación y el financiamiento de 31 organismos pertenecientes a la ONU, así como de otras 35 entidades internacionales externas al sistema multilateral.

De acuerdo con la Administración estadounidense, la medida busca evitar que recursos públicos sean destinados a organizaciones que, a su juicio, anteponen agendas globales a los intereses nacionales o que operan de manera ineficiente. Trump ha sostenido que varias de estas entidades promueven políticas que, según su visión, afectan la soberanía, la independencia y la fortaleza económica de Estados Unidos.

El memorando también retoma decisiones previas de la actual Administración, como el retiro del Acuerdo de París sobre cambio climático, la salida del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la cancelación de financiamiento a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo.

Delcy Rodríguez fue investida este lunes como presidenta encargada de Venezuela ante la junta directiva de la Asamblea Nacional, con lo que dio inicio una nueva legislatura marcada por una profunda crisis política y de seguridad en el país.

La exvicepresidenta del gobierno de Nicolás Maduro asumirá la conducción del Ejecutivo bolivariano tras la ausencia de su antecesor, luego de que éste fuera capturado durante una operación militar atribuida a fuerzas de Estados Unidos en la madrugada del sábado 3, un hecho que ha generado conmoción dentro y fuera del país.

Rodríguez, abogada de 56 años con formación de posgrado en Francia y el Reino Unido, se convierte en la primera mujer en ocupar la jefatura del Estado venezolano. Durante la sesión parlamentaria, precisó que compareció “en condición de vicepresidenta ejecutiva del presidente constitucional Nicolás Maduro” para prestar juramento ante lo que calificó como una circunstancia excepcional para la nación.

En su mensaje, acusó a Estados Unidos de perpetrar una agresión militar y denunció el secuestro tanto de Maduro como de la primera dama, Cilia Flores. Visiblemente conmovida, afirmó que su juramento se da “con dolor por el sufrimiento infligido al pueblo venezolano”, pero también —dijo— “con honor y compromiso frente a la historia”.

Ante el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, su hermano, la mandataria encargada aseguró que trabajará de manera permanente para preservar la paz, así como la estabilidad social y económica del país. Asimismo, evocó el pensamiento de Simón Bolívar para comprometerse a un gobierno orientado a la “felicidad social” y a la estabilidad política.

Finalmente, Delcy Rodríguez convocó a la unidad nacional e hizo un llamado a los distintos sectores políticos, sociales y productivos a cerrar filas “como un solo pueblo” para enfrentar lo que describió como una grave amenaza contra la estabilidad y la paz de Venezuela.

El exmandatario venezolano Nicolás Maduro se declaró no culpable de los cargos de narcoterrorismo que enfrenta en Estados Unidos, durante su primera comparecencia ante un tribunal federal en Nueva York, luego de su captura en una operación ordenada por el presidente Donald Trump.

Durante la audiencia en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Maduro rechazó las cuatro acusaciones penales que le imputan, entre ellas narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína a territorio estadunidense, así como posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos. Al ser cuestionado por el juez sobre su postura frente a los cargos, respondió que no es responsable de los delitos señalados.

Las autoridades estadounidenses sostienen que el exjefe del Ejecutivo venezolano habría encabezado una estructura dedicada al tráfico internacional de cocaína, presuntamente vinculada con organizaciones criminales como los cárteles de Sinaloa y Los Zetas, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y la banda venezolana Tren de Aragua.

En el plano legal, se confirmó que Barry J. Pollack, abogado de la firma Harris St. Laurent & Wechsler LLP, registró formalmente su comparecencia ante la corte federal como defensor de Nicolás Maduro, asumiendo su representación jurídica en el proceso.