Productores del campo y transportistas del Estado de México iniciaron durante la madrugada una serie de bloqueos carreteros como parte de una movilización nacional para exigir mejores precios para el maíz y mayores garantías de seguridad en las carreteras.

Desde antes de las seis de la mañana, uno de los puntos más afectados es la carretera México-Toluca, donde la circulación hacia la Ciudad de México se encuentra severamente restringida.

A la altura de Plazas Outlet, cerca de la desviación a Ocoyoacac y de la bifurcación entre la carretera libre y la autopista de cuota, los inconformes colocaron dos camiones atravesados: uno en el carril de alta velocidad y otro en el carril de baja y la lateral, dejando libre únicamente el carril central.

La medida ha generado un importante congestionamiento vial con una fila de vehículos que supera los cinco kilómetros, debido al cuello de botella que se formó en la zona.

En el tramo de la México-Toluca con dirección a la capital del país, se reporta cierre total unos kilómetros antes, donde los manifestantes bloquearon los tres carriles de circulación y la lateral con unidades de carga. Ante ello, la Guardia Nacional implementó cortes a la circulación metros atrás, a la altura del puente de acceso a Lerma, para desviar el tránsito y evitar que más automovilistas queden atrapados.

De acuerdo con lo planeado por los organizadores, alrededor de las 8:00 horas se preveía el cierre total de la vialidad en ambos puntos de protesta. En el sentido hacia Toluca, hasta el momento no se reportan afectaciones.

Siete escoltas de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan asesinado el pasado 1 de noviembre, fuerron arrestados en un operativo encabezado por la Guardia Nacional, el Ejército y la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

Los siete escoltas fueron capturados alrededor de las 12:30 de este viernes, en las instalaciones de la Casa de la Cultura de Uruapan, que Manzo utilizaba como oficinas de la Presidencia Municipal.

“Cumplimentamos orden de aprehensión en contra de siete servidores públicos del municipio de Uruapan, por su probable participación en el delito de homicidio calificado, en comisión por omisión, en agravio del presidente municipal Carlos Alberto Manzo Rodríguez”, declaró la Fiscalía en una publicación en X, señalando que los detenidos serían trasladados al Centro Penitenciario “Lic. David Franco Rodríguez” en Morelia y puestos a disposición del Juez de Control.

Carlos Torres Piña, fiscal general de Michoacán, había informado en días anteriores que los guardias de Carlos Manzo iban a ser llamados a declarar nuevamente.

Los escoltas estaban siendo investigados por abatir a Víctor Ubaldo, el menor de 17 años que disparó contra el alcalde, cuando ya había sido inmovilizado, lo que retrasó significativamente las investigaciones.

El Congreso del Estado de Durango aprobó por unanimidad la llamada “Ley Nicole”, una reforma que prohíbe la realización de cirugías estéticas en menores de 18 años sin justificación médica, además de endurecer las sanciones en contra de quienes pratiquen intervenciones quirúrgicas sin contar con la certificación correspondiente.

La iniciativa se dio tras el caso de Paloma Nicole, una menor de 14 años que falleció el pasado 20 de septiembre tras ser sometida a una cirugía de aumento de busto, la cual fue practicada por el padrastro de la adolescente, un cirujano plástico, y en la que participó la madre, quien no contaba con formación médica.

El padre de la menor interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Durangode Durango, argumentando que no fue notificado del procedimiento en ningún momento. La pareja fue detenida el 27 de septiembre y vinculada a proceso el 3 de octubre por los delitos de omisión de cuidados, falsificación de documento y usurpación de profesión.

La Ley Nicole modifica el artículo 232 del Código Penal del Estado de Durango, estableciendo que:

• Se impondrán de 2 a 6 años de prisión y multas de 200 a 500 UMA a quien se atribuya falsamente títulos o grados académicos, o desempeñe servicios profesionales sin tener las acreditaciones correspondientes. La misma sanción aplicará a quien realice actividades reservadas a profesionistas con cédula o certificación.
• Quien lleve a cabo un procedimiento médico-quirúrgico especializado sin certificación podrá recibir entre 4 y 8 años de prisión, además de multas de 300 a 600 UMA.

Además, el artículo contempla incrementos en las penas cuando se trate de intervenciones en el campo de la cirugía plástica, estética y reconstructiva, realizadas por personas sin cédula o certificación válida.

La ley sanciona también a las clínicas que no cuenten con lo establecido por la ley para la realización de procedimientos quirúrgicos.

La reforma penaliza de manera explícita la realización de cirugías estéticas en menores de 18 años, exceptuando los procedimientos reconstructivos derivados de malformaciones congénitas, accidentes o condiciones fisiológicas que afecten la integridad física o psicológica del menor, siempre que exista dictamen médico especializado y evaluación psicológica. 

La diputada Sandra Amaya celebró la aprobación de la Ley Nicole como “un avance que nace de una pérdida irreparable y que nos recuerda la responsabilidad de proteger a nuestras niñas y niños”.