En el marco de la conmemoración por el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, el gobierno federal dio a conocer avances en el Plan Integral contra el abuso, entre los que destaca la armonización del tipo penal de este delito en las 32 entidades del país.

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, informó que se impulsa una reforma al artículo 260 del Código Penal Federal para ampliar la definición del abuso sexual y endurecer las sanciones. La propuesta contempla penas de 3 a 7 años de prisión, así como multas que irán de 200 a 500 Unidades de Medida Administrativa.

Paralelamente, señaló que se trabaja con los congresos locales para que los códigos penales estatales adopten el mismo criterio. De acuerdo con la funcionaria, en 22 estados las iniciativas ya fueron turnadas y en otros diez se estarían presentando este mismo día, con el objetivo de que el delito se persiga bajo estándares similares en todo el territorio nacional.

La secretaria detalló que se considerará acoso cualquier acto de naturaleza sexual, como tocamientos, caricias o exhibiciones sexuales explícitas, sin importar si ocurren en espacios públicos o privados. Además, subrayó que el delito será perseguido de oficio y no sólo se contemplan sanciones penales y económicas, sino también la obligación de las personas agresoras de tomar talleres de sensibilización sobre violencia contra las mujeres.

Hernández hizo énfasis en que esta campaña “no es contra los hombres”, sino contra el machismo, e insistió en que los varones pueden sumarse a la construcción de una realidad más justa y libre de violencia, como parte de un cambio cultural de fondo.

Asimismo, advirtió que la violencia contra las mujeres no puede entenderse como hechos aislados, sino como un problema estructural. Recordó que siete de cada diez mujeres mayores de 15 años ha vivido alguna forma de violencia y que casi la mitad de ellas ha enfrentado agresiones de tipo sexual. De cada diez denuncias por abuso sexual, nueve corresponden a víctimas mujeres.

En el contexto de esta fecha, las autoridades anunciaron también una jornada de 16 días de actividades de difusión y sensibilización, que incluirán campañas informativas y acciones coordinadas con organizaciones civiles para visibilizar y combatir todas las formas de violencia de género.

Productores del campo y transportistas del Estado de México iniciaron durante la madrugada una serie de bloqueos carreteros como parte de una movilización nacional para exigir mejores precios para el maíz y mayores garantías de seguridad en las carreteras.

Desde antes de las seis de la mañana, uno de los puntos más afectados es la carretera México-Toluca, donde la circulación hacia la Ciudad de México se encuentra severamente restringida.

A la altura de Plazas Outlet, cerca de la desviación a Ocoyoacac y de la bifurcación entre la carretera libre y la autopista de cuota, los inconformes colocaron dos camiones atravesados: uno en el carril de alta velocidad y otro en el carril de baja y la lateral, dejando libre únicamente el carril central.

La medida ha generado un importante congestionamiento vial con una fila de vehículos que supera los cinco kilómetros, debido al cuello de botella que se formó en la zona.

En el tramo de la México-Toluca con dirección a la capital del país, se reporta cierre total unos kilómetros antes, donde los manifestantes bloquearon los tres carriles de circulación y la lateral con unidades de carga. Ante ello, la Guardia Nacional implementó cortes a la circulación metros atrás, a la altura del puente de acceso a Lerma, para desviar el tránsito y evitar que más automovilistas queden atrapados.

De acuerdo con lo planeado por los organizadores, alrededor de las 8:00 horas se preveía el cierre total de la vialidad en ambos puntos de protesta. En el sentido hacia Toluca, hasta el momento no se reportan afectaciones.

Siete escoltas de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan asesinado el pasado 1 de noviembre, fuerron arrestados en un operativo encabezado por la Guardia Nacional, el Ejército y la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

Los siete escoltas fueron capturados alrededor de las 12:30 de este viernes, en las instalaciones de la Casa de la Cultura de Uruapan, que Manzo utilizaba como oficinas de la Presidencia Municipal.

“Cumplimentamos orden de aprehensión en contra de siete servidores públicos del municipio de Uruapan, por su probable participación en el delito de homicidio calificado, en comisión por omisión, en agravio del presidente municipal Carlos Alberto Manzo Rodríguez”, declaró la Fiscalía en una publicación en X, señalando que los detenidos serían trasladados al Centro Penitenciario “Lic. David Franco Rodríguez” en Morelia y puestos a disposición del Juez de Control.

Carlos Torres Piña, fiscal general de Michoacán, había informado en días anteriores que los guardias de Carlos Manzo iban a ser llamados a declarar nuevamente.

Los escoltas estaban siendo investigados por abatir a Víctor Ubaldo, el menor de 17 años que disparó contra el alcalde, cuando ya había sido inmovilizado, lo que retrasó significativamente las investigaciones.