La Corte Suprema del estado de Nueva York, publicó este martes 8 de octubre, una notificación de multa millonaria para Ricardo Salinas Pliego, presidente de TV Azteca por haber violado una orden judicial de hace más de un año en un proceso legal con AT&T.

Esta multa asciende a los 21 millones 47 mil 378.90 dólares y tiene de trasfondo una sentencia firmada el 22 de septiembre de 2025,  en la que desglosa que son 20 millones de dólares por desacato civil y más de un millón 47 mil 378.90 dólares para cubrir los costos y honorarios de abogados de AT&T.

El 23 de septiembre, luego de una disputa con AT&T, medios informativos han asegurado que Salinas Pliego pagó hasta 25 millones de dólares en fianza para evitar ser arrestado en Estados Unidos.

Por otro lado, TV Azteca, tiene un adeudo con el fisco mexicano de 74 mil millones de pesos.

Se prevé que este caso  tenga continuidad en conferencia inicial del 21 de octubre en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

La actividad turística en Tulum atraviesa uno de sus momentos más críticos del año. La ocupación hotelera cayó a un alarmante 48% durante el mes de septiembre, una de las cifras más bajas registradas en los últimos años, según los datos del Sistema de Información Turística de Quintana Roo.

Esta drástica disminución en la afluencia de visitantes ha comenzado a paralizar la economía del destino. Hoteles, restaurantes y comercios locales que dependen del flujo turístico están experimentando serias afectaciones.

Aunque hubo un leve repunte durante la semana de las Fiestas Patrias (llegando a 58.3% del 13 al 19 de septiembre), los empresarios advierten que la baja generalizada mantiene al sector en alerta máxima.

Los hoteleros y comerciantes locales han identificado múltiples factores detrás de esta crisis, incluyendo los altos precios, los recurrentes conflictos con taxistas, los operativos policiacos y la percibida mala atención que reciben, especialmente los visitantes nacionales.

La imagen inusual de calles y playas vacías de Tulum ha incluso circulado en redes sociales, reflejando la magnitud del problema.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó el miércoles sobre el arresto de Jonathan Rinderknecht, acusado de provocar uno de los incendios forestales más destructivos en Los Ángeles a principios de este año.

El incendio provocó la muerte de 12 personas y la destrucción de más de 9 mil hectáreas en las zonas de Pacific Palisades, Topanga y Malibu, causando alrededor de 150 mil millones de dólares en daños. Fue simultáneo con otro enorme incendio destructivo en la cercana Altadena conocido como el incendio de Eaton.

Las autoridades declararon que el detenido inició un incendio cerca de una ruta de senderismo en las montañas cercanas a Pacific Palisades, unos minutos después de la medianoche del 1 de enero, después de completar un turno conduciendo un automóvil Uber.

Los bomberos de Los Ángeles creyeron haber extinguido rápidamente ese incendio, conocido como el Incendio Lachman. Sin embargo, el 7 de enero, tras arder bajo tierra durante una semana, se reavivó y se convirtió en el Incendio Palisades, según investigadores federales.

Rinderknecht, de 29 años, llamó repetidamente al 911 el 1 de enero antes de lograr comunicarse para reportar el incendio, según una denuncia penal presentada por la fiscalía federal en Los Ángeles. También grabó videos en su teléfono de los bomberos intentando extinguir el incendio.

Durante la llamada al 911, según la denuncia penal, Rinderknecht escribió una pregunta en ChatGPT en su teléfono: «¿Tiene usted la culpa si se produce un incendio por culpa de sus cigarrillos?». La respuesta de ChatGPT fue «Sí», según la denuncia.

El acusado habló más tarde con los investigadores durante varias horas e hizo declaraciones contradictorias sobre si fumó cigarrillos cerca del sendero esa noche, según la denuncia.

Rinderknecht, quien declaró a los investigadores que vivió en Pacific Palisades, fue arrestado en Florida. Las autoridades lo trasladarán de regreso al Distrito Central de California para ser procesado. Se enfrenta a un cargo federal de incendio provocado porque el incendio quemó terrenos federales, un delito que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión.