Choques entre pandilleras provocaron un incendio y dejaron al menos 46 muertas en una prisión de Honduras, uno de los países con mayor nivel de violencia penitenciaria, que totaliza más de 1.000 muertos en veinte años.

El portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, dijo el miércoles a la AFP que «46 es el total de cuerpos ingresados a Medicina Forense», por el enfrentamiento de la víspera entre pandillas rivales en el Centro Femenino de Adaptación Social (Cefas) de Támara, 25 km al norte de Tegucigalpa. Inicialmente se había informado 41.

– Armas de grueso calibre –

De acuerdo con las autoridades, reclusas de la pandilla Barrio 18 irrumpieron disparando con armas de grueso calibre en el edificio donde se ubican sus rivales de la Mara Salvatrucha (MS-13) y posteriormente le prendieron fuego.

Hay «más de 21 armas de fuego, dos granadas de fragmentación también», dijo a un foro televisivo el director de planeamiento y Operaciones de la Policía Nacional, comisionado Juan Rochez. Añadió que «hay once personas plenamente identificadas» mediante pruebas de testigos o técnicas. «Obviamente van a responder por estos hechos».

Cientos de parientes acudieron a las afueras de la Dirección de Medicina Forense al este de la capital mientras los médicos forenses seguían identificando las víctimas. Unos 23 cuerpos habían sido entregados.

«No se si mi hija murió acribillada o apuñalada», dijo entre lágrimas a medios locales Olga Castro, que perdió a Jenny Patricia Castro, de 44 años. «Dicen que escuchaban que ellas gritaban que les abrieran los portones porque en el módulo 1, en el que estaba ella, le echaron llave por fuera cuando se estaban quemando».

«Nadie se asomó a abrirles los portones, que se haga justicia, no son animales las que mataron esas muchachas» de la 18, clamó.

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, se declaró en Twitter «conmocionada» por el «monstruoso asesinato de mujeres (…) planificado por maras» y anunció medidas «drásticas».

Una de ellas fue destituir al ministro de Seguridad, Ramón Sabillón, y reemplazarlo por el director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez.

Desde abril, Castro había nombrado como interventora de las cárceles a la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, después de que varios enfrentamientos registrados en cuatro cárceles dejaran un muerto y siete heridos.

La viceministra anunció entonces un plan para controlar las 26 prisiones del país, ocupadas por unos 20.000 internos, que incluye un «desarme real a través de registros manuales y electrónicos permanentes» y «el bloqueo total de la señal telefónica» para evitar que los reos sigan delinquiendo desde las cárceles.

En diciembre pasado, Castro declaró un «estado de excepción» para enfrentar a las violentas pandillas, en una medida que se asemeja a las impuestas por el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador hace más de un año, aunque con menos acciones y resultados que en territorio salvadoreño.

«Ante una acción siempre hay una reacción, ella [Villanueva] puede hacer lo humanamente posible por tratar de frenar el ingreso de estas armas» pero «más bien como que se ha empeorado la cosa», dijo a la AFP el criminólogo Gonzalo Sánchez.

«Desde hace 30 años el crimen organizado, el narcotráfico, las pandillas MS y la 18 han sembrado el terror. Se ha vuelto esto un monstruo de mil cabezas hoy día, que es difícil combatir», agregó.

El propio expresidente Juan Orlando Hernández fue extraditado a Estados Unidos acusado de delitos de narcotráfico en abril de 2022, un año después de que su hermano Tony fuera sentenciado a cadena perpetua por tráfico de drogas en Nueva York.

Los fiscales estadounidenses afirman que Hernández convirtió a Honduras en un «narcoestado» que involucra a militares, policías y civiles.

– Triángulo de la muerte –

Junto a sus vecinos El Salvador y Guatemala, Honduras conforma el denominado «triángulo de la muerte», plagado de pandillas o maras que controlan el tráfico de drogas y el crimen organizado.

Sánchez lamentó que los «centros penitenciarios se hayan convertido ahora en universidades del crimen» donde se planifican masacres, asesinatos secuestros y todo, esto con la complicidad de las autoridades».

«Autoridades encargadas de la protección o vigilar estos centros penitenciarios (…) se prestan para introducir armas de fuego, pistolas, revólveres, fusiles, explosivos y municiones», deploró.

«Es como las hormigas, si usted revuelve un nido de hormigas más se revuelven, entonces pareciera más bien que el haber nombrado esta comisión (…) ha traído un malestar entre los privados de libertad» porque «ellos tienen poder, entonces por eso es que se han cometido este tipo de asesinatos», añadió.

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) llamó en un tuit al Estado de Honduras «a investigar los hechos, prevenir su repetición y proteger la vida de las personas privadas de libertad».

«El país incurre en responsabilidad internacional cuando se violentan los derechos humanos de los privados de libertad», señaló el estatal Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) también en un Twitter.

«Se estima que al menos 1.050 personas privadas de libertad perdieron la vida violentamente en los centros penitenciarios de Honduras desde 2003», denunció Conadeh.

La mayor tragedia ocurrió el 14 de febrero del 2012, cuando en la prisión de Comayagua, unos 50 km al norte de la capital, murieron calcinados 362 reos.

AFP