Una mala renovación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) provocaría pérdidas económicas para los tres países, advirtió la consultora Oxford Economics en un análisis reciente sobre el futuro del acuerdo comercial. Aunque México y Canadá serían los más afectados, Estados Unidos también resentiría una desaceleración en su actividad económica general.

De acuerdo con el informe, el crecimiento económico de México y Canadá depende en gran medida del resultado de la próxima revisión del T-MEC, mientras que en el caso estadounidense los efectos serían más acotados, aunque con impactos relevantes en sectores específicos como la agricultura, el equipo de transporte y la industria eléctrica y electrónica.

Oxford Economics señaló que las negociaciones enfrentarán un “campo minado”, particularmente en torno a las reglas de origen, es decir, el porcentaje de contenido que debe producirse en América del Norte para acceder a los beneficios del tratado. Reducir la participación de insumos chinos en los bienes manufacturados en la región será uno de los puntos más complejos de la revisión.

Otros focos de tensión identificados por la consultora incluyen el papel dominante de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la competitividad de los productos agrícolas mexicanos y el sistema canadiense de gestión de suministro de lácteos, aves y huevos.

El escenario más favorable, considerado el menos probable por Oxford Economics, sería un retorno a aranceles cercanos a cero, similares a los previos a la administración de Donald Trump, lo que permitiría un crecimiento económico moderado respecto al escenario base.

El escenario más factible, según el análisis, es la continuidad de las condiciones actuales, con Estados Unidos aplicando cuotas a productos como acero, aluminio y automóviles fuera del marco del T-MEC. Aun así, México y Canadá mantendrían aranceles más bajos que otros socios comerciales de Washington.

En este contexto, no se descarta una contracción económica en los tres países hacia el último trimestre de 2027, siendo México el más vulnerable. El peor panorama sería un fracaso total en la revisión del tratado, lo que llevaría a una contracción del PIB en México y Canadá a finales de 2026, con efectos de largo plazo en sus economías.

James Fishback, aspirante republicano a la gubernatura de Florida, planteó la creación de un “impuesto al pecado” del 50 por ciento sobre los ingresos de modelos de OnlyFans que residan en el estado, una entidad que concentra la mayor cantidad de creadores de contenido de esta plataforma en Estados Unidos.

Durante su participación en el pódcast NXR, Fishback argumentó que la medida busca desalentar el uso de la plataforma y reducir lo que calificó como prácticas nocivas, además de generar recursos públicos. El político señaló que la recaudación se destinaría al sistema educativo, a centros de apoyo para mujeres embarazadas y a la creación de un cargo estatal enfocado en la salud mental masculina.

El aspirante, de 31 años y director de la firma de inversión Azoria Partners, estimó que el impuesto podría generar cientos de millones de dólares. Asimismo, sostuvo que su propuesta tiene un enfoque moral y económico, al considerar el contenido de OnlyFans como una actividad que debe ser desincentivada.

La iniciativa tendría un impacto directo en Miami, ciudad considerada la “capital” de OnlyFans en Estados Unidos, al registrar más de mil creadores por cada 100 mil habitantes. No obstante, modelos que operan en Florida han criticado la propuesta al advertir que podría provocar la salida de creadores hacia otros estados.

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la suspensión temporal de la tramitación de visados de inmigrantes procedentes de 75 países, al argumentar que los solicitantes de esas naciones reciben beneficios sociales financiados por contribuyentes estadounidenses en proporciones consideradas inaceptables.

De acuerdo con la información oficial, la medida permanecerá vigente hasta que el gobierno estadounidense pueda garantizar que los nuevos inmigrantes no representen una carga económica ni extraigan recursos del sistema de asistencia social del país. La decisión forma parte de una revisión más amplia de las políticas migratorias y de control del gasto público.

Las autoridades señalaron que el objetivo es fortalecer los mecanismos de evaluación de los solicitantes de visas de inmigrante, con el fin de asegurar que cuenten con solvencia económica y no dependan de apoyos gubernamentales tras su llegada a Estados Unidos.

Hasta el momento, el Departamento de Estado no ha precisado cuánto tiempo se mantendrá la suspensión ni si se aplicarán excepciones para casos humanitarios o reunificación familiar.