La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que los gobiernos de México, Colombia y Brasil emitieron un pronunciamiento conjunto en el que solicitan un cese inmediato de las hostilidades en Medio Oriente y exhortan a que las diferencias entre los países involucrados se resuelvan mediante el diálogo diplomático.

Durante su conferencia matutina realizada en la Sexta Región Naval de Manzanillo, la mandataria dio a conocer el posicionamiento difundido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el que se enfatiza la importancia de buscar soluciones pacíficas al conflicto.

De acuerdo con la presidenta, la iniciativa surgió a propuesta del mandatario colombiano, Gustavo Petro, quien planteó convocar a varios países de América Latina e incluso de Europa para impulsar un llamado internacional que favorezca la paz y detenga la escalada de violencia en la región.

Sheinbaum explicó que el conflicto no solo tiene consecuencias políticas, sino también económicas para distintos países. Como ejemplo mencionó el incremento reciente en el precio del petróleo, que volvió a situarse alrededor de los 100 dólares por barril, lo que puede impactar de forma directa en los costos de combustibles y otros productos en economías que dependen de la importación de energía.

El pronunciamiento conjunto de los tres países —entre ellos la República Federativa de Brasil— destaca que las controversias entre Estados deben resolverse mediante mecanismos de diplomacia internacional y negociación, de acuerdo con los principios del derecho internacional.

Asimismo, los gobiernos firmantes señalaron que es indispensable detener los enfrentamientos para abrir espacios de diálogo que permitan alcanzar una solución política al conflicto.

Finalmente, México, Colombia y Brasil manifestaron su disposición a apoyar iniciativas orientadas a la construcción de acuerdos de paz que generen confianza entre las partes involucradas y faciliten una salida negociada a la crisis.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó la detención de tres personas presuntamente involucradas en el tráfico ilegal de armas en el estado de Baja California.

A través de un mensaje difundido en la red social X, el diplomático señaló que la captura ocurrió durante un operativo realizado por autoridades mexicanas en el municipio de Tecate. En su publicación, también compartió imágenes de los detenidos y del armamento asegurado durante la acción.

Johnson subrayó que las investigaciones vinculan a los sospechosos con el Cártel Jalisco Nueva Generación, grupo delictivo señalado por diversas autoridades como una de las principales organizaciones dedicadas al narcotráfico y otras actividades ilícitas en la región.

En su mensaje, el representante diplomático resaltó que combatir el tráfico de armas y debilitar a los grupos criminales es un objetivo común entre ambos países, debido a que estas actividades representan un riesgo para la seguridad en la zona fronteriza.

El embajador también señaló que este tipo de resultados son consecuencia de la colaboración entre las autoridades de México y Estados Unidos, así como del intercambio de información en tiempo real para reforzar las estrategias de seguridad.

La publicación fue acompañada con menciones al presidente estadounidense Donald Trump y a la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum, en un mensaje que destacó la cooperación bilateral en materia de combate al crimen organizado.

Luego de que su propuesta de reforma electoral no obtuviera los votos necesarios en el Congreso, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum adelantó que el próximo lunes enviará al Poder Legislativo una nueva iniciativa denominada “Plan B”, con la que buscará reducir gastos y eliminar privilegios en distintos niveles de gobierno.

La mandataria explicó que el proyecto contempla establecer un límite máximo a los recursos que se asignan a los congresos locales y a los integrantes de los cabildos municipales, como regidores y síndicos. Con esta medida, señaló, se podrían liberar alrededor de cuatro mil millones de pesos, recursos que —aclaró— no serían transferidos al gobierno federal, sino que permanecerían en estados y municipios para atender necesidades locales.

Sheinbaum indicó que uno de los objetivos principales es disminuir los costos operativos de los congresos estatales, donde existen grandes diferencias en el gasto por legislador. Como ejemplo mencionó casos como Baja California, donde el gasto por diputado alcanza 34.8 millones de pesos, así como otras entidades como Morelos, Colima y Campeche, donde también se registran montos elevados.

La presidenta cuestionó que algunos legisladores locales perciban ingresos considerablemente superiores a los de otros, incluso hasta siete veces más. Ante esta situación, propuso fijar un tope presupuestal para los congresos estatales y destinar el dinero excedente a proyectos y servicios en las entidades y municipios.

El Plan B también contempla revisar la estructura de los ayuntamientos, particularmente el número de regidores y síndicos. De acuerdo con la mandataria, existen municipios con una cantidad elevada de funcionarios en estos cargos, lo que incrementa el gasto público debido a sueldos, bonos y otras prestaciones.

Entre los ejemplos mencionó ciudades como Acapulco, con 20 regidores; Monterrey, con 28; y Puebla, con 23, además de municipios que cuentan con hasta tres síndicos. Según Sheinbaum, estas estructuras responden en muchos casos a acuerdos políticos del pasado y ya no corresponden a las necesidades actuales del país.

Otro de los puntos incluidos en la propuesta busca ampliar los mecanismos de participación ciudadana mediante consultas públicas. La presidenta planteó que la ciudadanía pueda opinar sobre temas electorales relevantes, entre ellos el presupuesto destinado a los partidos políticos.

Asimismo, propuso que el ejercicio de revocación de mandato se realice durante el tercer o cuarto año de gobierno, con el fin de fortalecer la evaluación ciudadana sobre el desempeño de las autoridades electas. Según sostuvo, estas medidas forman parte de una estrategia para avanzar hacia un sistema político con menos privilegios y mayor participación social.