Una investigación científica determinó que la especie de alga tóxica relacionada con la extensa proliferación que desde el año pasado afecta las costas del sur de Australia ya se encontraba en esas aguas al menos desde 2016, aunque en niveles muy bajos.

El hallazgo fue dado a conocer por especialistas de la University of Technology Sydney, el South Australian Research and Development Institute, la agencia científica nacional Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation y el sistema de monitoreo marino Integrated Marine Observing System.

De acuerdo con el estudio, el alga denominada Karenia cristata formaba parte del ecosistema marino local varios años antes de la proliferación registrada en 2025, fenómeno considerado inédito en la región.

La expansión masiva del organismo provocó graves afectaciones en el ecosistema marino, con la muerte de millones de peces y tiburones, además de impactos en mamíferos marinos, aves y algunos problemas de salud en personas expuestas en zonas costeras.

Para llegar a esta conclusión, los investigadores analizaron muestras históricas de agua de mar recolectadas durante la última década cerca de Kangaroo Island, ubicada frente a la ciudad de Adelaide, como parte de un programa de monitoreo del microbioma oceánico.

La profesora Shauna Murray explicó que esta especie fue identificada como uno de los organismos dominantes durante el episodio de proliferación, el cual genera toxinas capaces de causar severos daños a la fauna marina.

Los registros genéticos también confirmaron que el alga estuvo presente de manera continua desde 2016, aunque en concentraciones reducidas. Sin embargo, su abundancia aumentó de forma considerable en 2025, lo que desencadenó la crisis ambiental.

Por su parte, el profesor Justin Seymour señaló que la siguiente etapa de la investigación será identificar qué condiciones ambientales —como cambios en temperatura, nutrientes o corrientes marinas— pudieron favorecer el crecimiento acelerado del organismo.

Tres ejemplares de Panthera onca fueron detectados mediante cámaras trampa en la comunidad de Heriberto Jara, en el estado de Nayarit, en un hecho que especialistas calificaron como poco frecuente debido al comportamiento territorial y solitario que caracteriza a esta especie.

El registro simultáneo de los felinos en una misma área generó interés entre los equipos de monitoreo, ya que los jaguares adultos suelen desplazarse de forma independiente. De acuerdo con técnicos en conservación, existe la posibilidad de que se trate de crías en etapa juvenil que aún no se dispersan para establecer su propio rango de distribución, un proceso natural que ocurre conforme alcanzan la madurez.

La presencia del jaguar en una región es considerada un parámetro clave del estado de salud del ecosistema. Al ubicarse en la cima de la cadena trófica, su supervivencia depende de hábitats bien conservados, disponibilidad de presas y conectividad forestal, lo que convierte su avistamiento en un indicio positivo sobre las condiciones ambientales del entorno.

El monitoreo fue resultado de la colaboración entre habitantes locales y el grupo de vigilancia del Área Destinada Voluntariamente a la Conservación (ADVC) Heriberto Jara, que participa en acciones de protección y seguimiento de fauna silvestre.

Estas labores forman parte de estrategias de restauración y conservación impulsadas en la región para fortalecer la protección de especies prioritarias y preservar los corredores biológicos que permiten su desplazamiento seguro.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió devolver a etapa inicial el proceso judicial vinculado con posibles omisiones de autoridades en la preservación del Parque Nacional Benito Juárez, así como de su Zona de Reserva Ecológica, al considerar que se aplicó un criterio restrictivo en la admisión del amparo.

El fallo corresponde al Amparo en Revisión 450/2025, discutido y aprobado por el Pleno el 24 de febrero de 2026. El recurso fue promovido por una persona de origen zapoteca que reside en el entorno del área natural protegida y que señaló la falta de acciones efectivas de vigilancia, delimitación y control territorial por parte de instancias federales, estatales y municipales.

De acuerdo con la resolución, el juzgado de distrito había negado la protección constitucional bajo el argumento de que no existía una afectación directa al promovente. Sin embargo, el máximo tribunal concluyó que sí cuenta con interés legítimo para acudir a la justicia en defensa del derecho humano a un medio ambiente sano.

Reconocen legitimación de habitantes del entorno

El Pleno reafirmó el criterio conocido como “doctrina del entorno adyacente”, el cual reconoce la legitimación activa de personas que habitan o utilizan la zona de influencia de un ecosistema, aun cuando no colinden físicamente con el polígono protegido. Bajo esta interpretación, cualquier individuo que obtenga beneficios ambientales del área puede exigir judicialmente su conservación.

La Corte también subrayó que en materia ambiental debe prevalecer el principio de precaución, lo que implica que la ausencia de certeza científica absoluta no puede emplearse como argumento para postergar medidas de protección frente a posibles daños ecológicos.

Asimismo, recordó la aplicación de la carga dinámica de la prueba, figura que impone a las autoridades la obligación de acreditar que sus actuaciones han sido adecuadas cuando se advierte un riesgo ambiental.

Con esta determinación, el expediente deberá ser repuesto para que se analice nuevamente el fondo del asunto, tomando en cuenta los estándares constitucionales en materia de acceso a la justicia ambiental y tutela del derecho al medio ambiente.