La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que México trabaja para alcanzar un entendimiento con Estados Unidos luego de que el presidente Donald Trump amagó con imponer aranceles del 5% a las exportaciones mexicanas por un presunto incumplimiento en el tratado de distribución de agua.

Sheinbaum señaló que ya estaba prevista una reunión bilateral virtual para este martes a las 14:00 horas, en la que participarán la Secretaría de Agricultura de EE.UU., así como la Secretaría de Relaciones Exteriores y Conagua por parte de México. El objetivo, dijo, es avanzar en una solución que permita cumplir el acuerdo “en la medida de lo posible”.

La mandataria destacó que México está dispuesto a entregar la mayor cantidad de agua disponible para los agricultores estadounidenses, sin comprometer el abasto para consumo humano ni para productores nacionales. Aclaró que durante su reciente encuentro con Trump este tema no fue abordado.

Explicó además que el rezago en el cumplimiento del tratado se debe a la fuerte sequía registrada en el tercer y cuarto años del periodo quinquenal, lo que redujo la disponibilidad del recurso. Sin embargo, aseguró que en el quinto año se incrementó significativamente la entrega de agua.

La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo al ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, por su presunta participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita, informó la fiscal Ernestina Godoy Ramos. La orden de aprehensión fue emitida el 16 de mayo de 2024 por un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Duarte fue asegurado inicialmente en la delegación de la FGR en Chihuahua, donde permaneció varias horas acompañado de su defensa, antes de ser trasladado al penal federal del Altiplano durante la noche. El operativo incluyó vigilancia de la Guardia Nacional con 20 elementos y tres unidades.

Posteriormente, fue llevado al Aeropuerto Internacional Roberto Fierro Villalobos para abordar una aeronave de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana alrededor de las 18:00 horas.

El ex mandatario, detenido en 2020 en Miami y extraditado en 2022, enfrentaba cargos de peculado y asociación delictuosa, por los cuales obtuvo libertad condicional en junio de 2024. La FGR recordó que solicitó al gobierno de Estados Unidos autorización para imputarle un delito adicional, permiso concedido en diciembre pasado.

El pleno del Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó la adición del Capítulo IV BIS “Pederastia”, y los artículos 182 BIS y 182 TER, al Título Tercero “Delitos contra la Libertad Sexual; la Seguridad Sexual; y el Normal Desarrollo Psicosexual”, del Código Penal del Estado, con lo que se tipifica la pederastia como delito.

La diputada Leticia Vázquez Hernández, presidenta de la Comisión Primera de Justicia que dictaminó esta iniciativa, indica que la pederastia se vincula a la atracción de un adulto por un niño en la que puede ser de índole romántico o sexual.

De esta manera, se establece que se aplicará de 9 a 18 años de prisión y de 750 a 2 mil 250 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, a quien se aproveche de la confianza, subordinación o superioridad que tiene sobre una persona menor de dieciocho años, derivada de su parentesco en cualquier grado, tutela, curatela, guarda o custodia, relación docente, religiosa, laboral, médica, cultural, doméstica o de cualquier índole, y ejecute, obligue, induzca o convenza a ejecutar cualquier acto sexual, con o sin su consentimiento.

La misma pena se aplicará a quien cometa la conducta descrita en el párrafo anterior en contra de una persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o para resistirlo.

Si el agente hace uso de violencia física, las penas se aumentarán en una mitad más. El autor del delito podrá ser sujeto a tratamiento médico integral el tiempo que se requiera, mismo que no podrá exceder la duración de la pena de prisión impuesta, conforme a la Ley Nacional de Ejecución Penal.

Además de las anteriores penas, el autor del delito perderá, en su caso, la patria potestad, la tutela, la curatela, la adopción, el derecho de alimentos y cualquier derecho que pudiera tener respecto de los bienes de la víctima, en términos de la legislación civil y familiar aplicable.

Cuando el delito fuere cometido por un servidor público o un profesionista en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, además de la pena de prisión, será inhabilitado, destituido o suspendido de su empleo público o profesión por un término igual al de la pena impuesta, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas correspondientes.

Para la determinación del daño ocasionado al libre desarrollo de la personalidad de la víctima, el Ministerio Público deberá recabar dictámenes interdisciplinarios médicos, psicológicos y sociales.

El incumplimiento de esta obligación será sancionado en términos de este Código y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

En los casos en que el sentenciado se niegue o no pueda garantizar la atención médica, psicológica o especializada que requiera la víctima, el Estado deberá proporcionarla de manera integral, gratuita y especializada, conforme a la Ley Nacional de Ejecución Penal, la Ley General de Víctimas y los estándares internacionales de protección de derechos de la niñez.